Resolución sobre Certificación (Bahía de Caráquez)

Reunido el Consejo de Redmanglar los días 4 al 6 de noviembre de 2003 en Bahía de Caráquez

EXPRESAMOS nuestra preocupación por los planes de expansión de la industria camaronera en la práctica totalidad de los países en los que Redmanglar desarrolla su trabajo, pese a la demostrada historia de destrucción del tejido social y medioambiental que esta actividad ha causado en nuestros países.

NOTAMOS el creciente interés de la industria camaronera en obtener certificaciones con los que hacer frente a la mala imagen que la industria ha desarrollado en la última década.

AFIRMAMOS que los sistemas de certificación de las actividades de camaronicultura existentes en la actualidad no garantizan, a juicio de Redmanglar, el ejercicio de una actividad ecológica y socialmente responsable y no han sido consensuados.

DEMANDAMOSuna moratoria en la certificación de esta actividad y solicitamos la apertura de un proceso de consulta para determinar las bases sobre las que una actividad acuícola social y medioambientalmente responsable puede asentarse. Estas bases constituirán los criterios sobre la que valorar los distintos sistemas de certificación.

A modo indicativo, Redmanglar considera que ninguna actividad acuícola, y en particular camaronera, debe ser promovida ni certificada si no se tienen en cuenta los siguientes criterios:

- Los sistemas de certificación deben servir a los objetivos de producción sostenible de alimentos, de seguridad alimentaria de las poblaciones locales y de respeto a los derechos humanos;

- Todo el proceso de certificación debe garantizar la plena participación de las comunidades afectadas por la actividad, tanto en las primeras fases de la certificación como en el posterior seguimiento de la actividad. La participación no debe quedar restringida a la mera información, sino a una participación real en la toma de decisiones;

- Debe existir una total transparencia en todas las fases de la certificación, con plena disponibilidad de la información relevante para las comunidades afectadas y demás partes interesadas;

- La propiedad del territorio debe estar perfectamente definida y documentada. Las comunidades locales con derechos de uso del territorio, ya sean legalmente reconocidos o tradicionales, deben mantener estos derechos con prioridad sobre las actividades de acuicultura, a no ser que deleguen ese control de forma libre e informada sobre otros agentes;

- Ninguna actividad de camaronicultura debe afectar o destruir los usos tradicionales o el control de la tierra o el agua por parte de las comunidades locales;

- Debe garantizarse el cumplimiento de toda la legislación nacional y convenios internacionales relacionados con la actividad, así como de todos los requisitos administrativos;

- No debe certificarse ninguna actividad sin la realización de un estudio de impacto social, económico y medio ambiental previo. Estos estudios deben tener en cuenta el impacto de la actividad en el espacio costero, en la cuenca hidrográfica, así como el impacto sobre otros usos del territorio, y en particular sobre las actividades desarrolladas por las comunidades;

- Bajo ningún concepto, una certificación debe ser concedida en base a futuras mejoras de la actividad;

- Ninguna actividad acuícola dependerá de la captura marina para la obtención de larvas;

- El uso de productos químicos como pesticidas, alguicidas, funguicidas, inmunoestimulantes, antibióticos,... u otros que puedan bioacumularse o ser persistentes en el medio debe estar prohibido;

- La actividad debe proporcionar un empleo digno y estable, y respetar los derechos garantizados por la Organización Internacional del Trabajo;

- El uso de especies no autóctonas o de organismos modificados genéticamente debe estar estrictamente prohibido;

- La cadena de custodia, desde el productor hasta el comercializador final debe estar perfectamente documentada, y debe existir plena disponibilidad de esta información.

Bahía de Caráquez, 5 de noviembre de 2003